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Autonomía Universitaria y Designación de Rectores en Universidades Públicas de Colombia

CAPITULO 2 contexto de una sociedad con libre movilidad y determinación, al parecer ha logrado extrapolar
dicha autonomía a sus universidades desde los inicios, aparentemente sin la necesidad de que
el congreso de la república deba crear una ley que reglamente de forma precisa los elementos
que se desprenden de la autonomía universitaria.(Ruiz, 2000).

En América Latina, así como se dio en Europa, los inicios de la Universidades en modo
alguno estuvieron caracterizados por principios autonómicos y de independencia, así pues, si
las universidades no tuvieron un comienzo autónomo, mal podrían gozar de una verdadera
autonomía. De ahí que se discuta al decir de Ruiz (2000) cómo dicha autonomía ha estado
permanentemente amenazada desde un comienzo: por la iglesia (el poder moral), luego por
el estado (el poder político, incluyendo no solo los sistemas abiertamente autoritarios, sino
los supuestamente democráticos) o por ambos y, en la actualidad por el mercado (el poder
económico).

En la historia colombiana, recién fundada la Universidad Nacional de los Estados Unidos de
Colombia, en el periodo federalista, las cámaras legislativas de ese entonces impusieron ciertos
textos que mostraban la manera de entender el papel de la educación por las tales cámaras;
este acontecimiento acaeció en 1870, cuando la universidad solo terminaba de ser fundada en
septiembre de 1867; le tocó para aquella época a las directivas académicas superiores el debate
y la defensa de la autonomía académica. En un par de años después hubo nuevas arremetidas
de los organismos legislativos contra la autonomía subordinando la universidad al manejo
por el poder ejecutivo o de sus delegados y fue necesario nuevamente un gran debate para
conservarla por lo menos parcialmente. Poco después la universidad queda en medio de la
controversia sobre el carácter laico de la educación pública que conduce a una polarización entre
lo confesional y lo laico. Posterior a la denominada Guerra de las Escuelas, reinicia actividades la
universidad nacional en 1878 pero nuevamente los derroteros de la Regeneración postergan el
anhelo de la autonomía hasta la reforma de 1935. Más recientemente, la reforma constitucional
de 1968 enmarcada dentro de los planes de “modernización del estado” con el fin de darle mayor
poder al ejecutivo sobre sus organismos, vuelve a las universidades estatales establecimientos
públicos dependientes del ejecutivo. (Ruiz, 2000).

Gran cantidad de intelectuales de la época advirtieron que la decisión estudiantil no se
limitaba a la organización romántica de cursos temporales al aire libre, sino que encerraba una
revolución ideológica tendente a separar la enseñanza superior y en general el ejercicio de la
inteligencia de la órbita del poder público. Juan N. Mirafuentes, viejo liberal, resumió así los
propósitos del movimiento estudiantil: “no más reglamentos restrictivos; no más catedráticos
de orden suprema; no más monopolio de las profesiones; no más privilegios que sofoquen el
genio, y pongan el talento y la instrucción bajo el dominio de los dependientes del gobierno,
en gran número habilitados de sabios por el favoritismo del poder; no más grangería de la
instrucción pública; libertad para la enseñanza, honor y respeto para la inteligencia, soberanía
para la razón”(Citado por Bautista, 2008).

Ramón Valle (Citado por Bautista, 2008) decía en la Revista Universal: “Se trata de suprimir los
fueros de las tinieblas; se trata de desamortizar la luz; se trata de independer la enseñanza del
Estado; se trata, en fin, de una consecuencia rigurosamente lógica de nuestras creencias.

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